Las detenciones migratorias en Nueva York muestran un patrón que preocupa a organizaciones civiles y expertos en derechos humanos. Un informe reciente indica que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, arresta de manera desproporcionada a personas latinas en el estado.
El análisis se basa en datos oficiales de arrestos administrativos y revela una brecha clara entre la composición de la población inmigrante y las detenciones realizadas. Aunque los inmigrantes de América Latina no representan la mayoría del total en Nueva York, concentran una proporción significativamente mayor de los arrestos.
Un patrón que impacta a comunidades latinas
El informe señala que personas originarias de países de Centro y Sudamérica encabezan las detenciones. En particular, los inmigrantes ecuatorianos aparecen como el grupo más afectado, seguidos por mexicanos, guatemaltecos, hondureños y colombianos.
De acuerdo con los datos, los inmigrantes de estas regiones constituyen alrededor de una cuarta parte de la población inmigrante del estado. Sin embargo, representan cerca de dos tercios de las detenciones efectuadas por ICE en Nueva York.
El impacto también muestra una fuerte dimensión de género. Los hombres latinos concentran la gran mayoría de los arrestos, lo que ha generado preocupación sobre prácticas selectivas en la aplicación de la ley migratoria.
El informe destaca un aumento de detenciones comunitarias. Estas ocurren en calles, vecindarios y lugares de trabajo, y no necesariamente están vinculadas a delitos graves o procesos penales activos. Esta tendencia incrementa el temor en comunidades inmigrantes y afecta la vida cotidiana de miles de familias.
Organizaciones defensoras de derechos civiles califican estas prácticas como discriminatorias y advierten sobre sus consecuencias sociales y económicas. Señalan que sectores clave de la economía neoyorquina dependen de mano de obra inmigrante, especialmente en construcción y servicios.
El documento se suma al debate nacional sobre la política migratoria en Estados Unidos y reaviva los llamados a una aplicación de la ley más equitativa, transparente y respetuosa de los derechos humanos.
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