Aborto legal en Argentina a cinco años de su aprobación
El aborto legal en Argentina cumple cinco años en un escenario político complejo. El derecho sigue vigente, pero enfrenta obstáculos derivados de decisiones administrativas recientes. Aun así, la ley permanece como un pilar de la salud pública y de la autonomía reproductiva en el país.
Desde su implementación, la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana catorce forma parte del sistema público de salud. Argentina incorporó el procedimiento como una prestación gratuita y segura en hospitales y centros sanitarios de todo el territorio.
Durante este periodo, el aborto legal redujo riesgos médicos asociados a prácticas inseguras. También permitió estandarizar protocolos, capacitar personal de salud y ampliar la cobertura en distintas provincias. El impacto sanitario resultó inmediato y medible.
El escenario cambió con la llegada de Javier Milei al poder. El gobierno no derogó la ley, pero tomó decisiones que afectaron su aplicación. Se registraron demoras en la compra y distribución de misoprostol y mifepristona, medicamentos esenciales para el procedimiento.
Asimismo, el sistema público redujo la provisión de anticonceptivos y pruebas de embarazo. También perdió fuerza la política de prevención del embarazo no intencional en adolescentes. Por otro lado, organizaciones feministas retomaron un rol clave para sostener el acceso al derecho.
Estas redes brindan información, acompañamiento y orientación sanitaria, sobre todo en provincias con menor infraestructura. Lee también: el debate actual sobre derechos reproductivos en América Latina.
El aborto legal en Argentina continúa vigente, aunque con desigualdades territoriales más visibles. La articulación entre profesionales de la salud y la sociedad civil resulta decisiva para garantizar el acceso efectivo.
Desde la entrada en vigor de la ley, el sistema público registró más de 314 mil interrupciones voluntarias del embarazo, una cifra que confirma la relevancia del derecho en la salud pública nacional.
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