El caso conocido como “Cornell 7” vuelve a generar atención en Nueva York.
La investigación gira alrededor de una denuncia de agresión sexual presentada por una estudiante de la Universidad de Cornell en 2024.
La joven presentó una demanda civil en septiembre de 2026 contra la universidad y siete integrantes de la fraternidad Chi Phi. En el documento, identificó a los siete hombres y describió los hechos que, según su versión, ocurrieron después de una fiesta.
La estudiante afirmó que consumió alcohol y que otros jóvenes la presionaron para consumir ketamina. También aseguró que después perdió la capacidad para consentir una relación sexual.
Los siete hombres señalados no enfrentan cargos penales por estos hechos. Además, algunos de ellos han negado las acusaciones.
Nueva York reabre la investigación
El fiscal del condado de Tompkins decidió reabrir la investigación criminal.
Después, la gobernadora Kathy Hochul nombró a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, como fiscal especial para dirigir el caso.
La decisión coloca nuevamente el expediente bajo revisión de las autoridades estatales. La investigación deberá determinar qué ocurrió y si existen elementos para presentar cargos.
Un caso que comenzó en 2024
La estudiante denunció los hechos ante la policía de Cornell semanas después de la noche que describe en su demanda.
La universidad también abrió una investigación bajo el Título IX. Posteriormente, aplicó sanciones a integrantes de la fraternidad Chi Phi.
La universidad suspendió a la fraternidad y mantiene esa medida fuera del campus.
Sin embargo, el caso no llegó a una acusación penal en ese momento.
La nueva demanda civil cambió el escenario. El documento aportó nuevos detalles y volvió a colocar la actuación de las autoridades universitarias bajo escrutinio.
El consentimiento entra nuevamente al debate
El caso también abrió una discusión sobre las leyes de Nueva York.
La gobernadora Hochul planteó revisar las normas relacionadas con el consentimiento y la intoxicación. El debate busca definir qué ocurre cuando una persona consume alcohol o drogas y después pierde la capacidad para consentir una relación sexual.
El tema podría provocar cambios legislativos en el estado.
También podría generar nuevas reglas para universidades y organizaciones estudiantiles.
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