La relación judicial entre México y Estados Unidos enfrenta ahora una prueba distinta. Después de entregar a decenas de personas requeridas por Washington, México busca que la colaboración opere también cuando sus propias autoridades persiguen a alguien presuntamente localizado al norte de la frontera.
El caso involucra a Emilio Valero Pérez Vargas, abogado mexicano señalado por presunto abuso de confianza. El procedimiento deriva de un litigio relacionado con un consorcio español de la construcción y aproximadamente 2.5 millones de dólares vinculados con una resolución judicial.
Restricciones judiciales para Emilio Valero Pérez
Un juez de control habría ordenado que el abogado compareciera quincenalmente y entregara su pasaporte y Green Card. También habría fijado una garantía económica, asegurado un inmueble en la colonia Roma y prohibido expresamente su salida de México.
Información relacionada con el expediente sostiene que posteriormente habría incumplido esas restricciones e ingresado irregularmente a Estados Unidos. Ahora existirían una orden de aprehensión y una Ficha Roja de Interpol para localizarlo internacionalmente.
Esta última permite solicitar su localización y detención provisional con fundamento en una orden judicial mexicana. Sin embargo, no equivale por sí misma a una orden internacional de arresto.
Un pendiente para la cooperación bilateral
Registros judiciales públicos confirman que Valero Pérez Vargas promovió recursos penales ante tribunales federales. No obstante, la documentación disponible públicamente no permite acreditar por sí sola todos los señalamientos relacionados con el procedimiento.
El contraste bilateral resulta relevante. México trasladó 29 personas a Estados Unidos en febrero de 2025 y otras 26 en agosto. Posteriormente envió 37 más el 20 de enero de 2026.
Así, la administración de Claudia Sheinbaum acumula 92 personas trasladadas a petición estadounidense. Entre ellas figuran Rafael Caro Quintero y los exlíderes de Los Zetas Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.
Las operaciones recurrieron a mecanismos relacionados con la Ley de Seguridad Nacional y no todas correspondieron a extradiciones convencionales. Ahora falta determinar el paradero y situación migratoria de Valero Pérez Vargas. Esa definición establecerá qué mecanismos pueden emplearse para responder a la solicitud mexicana.
