La vida pública en México suele revelar trayectorias donde el acceso al poder no siempre camina de la mano con la rendición de cuentas. Ese contraste se refleja en el recorrido de Eliasib Polanco Saldívar, actual dirigente del PRI en Morelos, cuya carrera acumula episodios que han generado críticas persistentes.
Durante el sexenio priista encabezado por Enrique Peña Nieto, Eliasib Polanco Saldívar logró incorporarse a la estructura federal en un ambiente donde las designaciones respondían a cercanías políticas. En ese marco asumió la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Campeche, a pesar de no contar con experiencia técnica en infraestructura. Además, su trayectoria previa se limitaba al ámbito municipal en Yautepec, Morelos, lo que acentuó los cuestionamientos.
Investigaciones periodísticas documentaron que, en ese periodo, varias delegaciones federales quedaron en manos de exdirigentes partidistas y perfiles cercanos al poder. En consecuencia, el nombramiento de Polanco Saldívar reforzó la percepción de un sistema basado en cuotas políticas más que en preparación profesional.
Tras su paso por la administración federal, Polanco Saldívar llegó al Congreso de Morelos como diputado plurinominal. Sin embargo, su desempeño legislativo registró niveles mínimos de actividad. Datos ciudadanos mostraron ausencia de aportaciones relevantes y una baja participación en sesiones y comisiones. Asimismo, esta inacción contrastó con la responsabilidad básica de representar a la ciudadanía desde el Poder Legislativo.
Eliasib Polanco Saldívar y decisiones que marcaron al Congreso
Uno de los episodios más cuestionados ocurrió durante el proceso de juicio político contra el exalcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán. Desde posiciones estratégicas dentro del Congreso, Polanco Saldívar integró los órganos responsables de conducir el procedimiento. No obstante, el caso quedó sin resolución al vencer los plazos legales para dictaminarlo.
La omisión adquirió mayor relevancia debido a los señalamientos por un presunto daño patrimonial superior a 430 millones de pesos durante la gestión municipal. Pese a ello, la Legislatura optó por no actuar, lo que analistas locales interpretaron como una renuncia al deber de fiscalización.
También generó críticas su posicionamiento tras el asesinato del alcalde de Uruapan en noviembre de 2025. El pronunciamiento emitido por el dirigente priista fue percibido como tardío y orientado al cálculo político más que a una postura auténtica frente a la violencia.
Estos episodios consolidaron una percepción de liderazgo desconectado de las demandas sociales, donde el discurso público no siempre se tradujo en acciones concretas.
